Un concurso de acreedores se califica como culpable cuando en la generación o en el agravamiento de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o, en las sociedades, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho (art. 442 del Texto Refundido de la Ley Concursal, RDLeg 1/2020). Si esa conducta no se acredita, el concurso es fortuito. La diferencia no es teórica: de ella dependen la inhabilitación del administrador y su patrimonio personal.

¿Qué mira exactamente el juez para decidirlo? No la mala suerte empresarial, sino conductas concretas: contabilidad irregular, bienes que desaparecen, un concurso solicitado tarde. Conviene no confundirla con la responsabilidad de los administradores por deudas sociales del art. 367 LSC: aquella se ventila fuera del concurso y castiga no disolver a tiempo; la calificación culpable se decide dentro del procedimiento, en la sección sexta o pieza de calificación.

En Interforo llevamos años acompañando a administradores y socios en procedimientos concursales, y hemos visto que la pieza de calificación suele llegar por sorpresa: se abre cuando la empresa ya camina hacia la liquidación y el foco se traslada, de golpe, de la sociedad a las personas.

¿Cuándo se califica un concurso como culpable?

Todo concurso se califica como fortuito o como culpable (art. 441 TRLC), y la calificación culpable exige dos elementos: dolo o culpa grave y relación causal con la generación o el agravamiento de la insolvencia. La mala gestión ordinaria, por sí sola, no basta. Cerrar con pérdidas no convierte a nadie en culpable; ocultar lo que pasaba, sí.

El círculo de posibles responsables es amplio: administradores y liquidadores de derecho o de hecho, directores generales y quienes ocuparon esas posiciones en los dos años anteriores a la declaración de concurso (arts. 442 y 455.2.1.º TRLC). Haber dimitido meses antes de la solicitud no coloca a nadie fuera del alcance de la pieza.

La sección sexta se forma por orden del juez en el mismo auto que pone fin a la fase común (art. 446 TRLC, en la redacción de la Ley 16/2022). Desde ese momento, la conducta previa del deudor y de sus gestores queda bajo examen.

¿Qué presunciones admiten prueba en contrario y cuáles no?

El TRLC distingue dos niveles de presunción: los supuestos del art. 443, que determinan la culpabilidad «en todo caso», sin posibilidad de prueba en contrario (presunciones iuris et de iure), y los del art. 444, que presumen la culpa grave «salvo prueba en contrario» (presunciones iuris tantum). En cuál de las dos listas encaja el reproche define la estrategia de defensa completa.

La diferencia práctica es enorme. Frente a un supuesto del art. 443, la defensa solo puede negar el hecho o su encaje en la norma: acreditado el hecho, el concurso es culpable. Frente a una presunción del art. 444, la ley invierte la carga de la prueba, pero deja la puerta abierta: el administrador puede demostrar que actuó con diligencia o que su conducta no agravó la insolvencia. Conviene matizar que esa puerta exige prueba seria como informes, contabilidad y comunicaciones de la época, no meras alegaciones.

¿Qué consecuencias personales sufre el administrador?

La sentencia que califica el concurso como culpable impone siempre la inhabilitación de las personas naturales afectadas para administrar bienes ajenos y representar a terceros, por un periodo de 2 a 15 años (art. 455.2.2.º TRLC). El juez fija la duración según la gravedad de los hechos, el perjuicio a la masa activa y las calificaciones culpables anteriores. Si una misma persona es inhabilitada en varios concursos, los periodos se suman (art. 458 TRLC).

La condena no se queda ahí. La sentencia acuerda también la pérdida de los derechos que las personas afectadas o los cómplices tuvieran como acreedores en el concurso, la devolución de lo obtenido indebidamente del patrimonio del deudor y la indemnización de los daños causados (art. 455.2 TRLC). Su contenido se inscribe en el Registro público concursal (art. 457 TRLC): la calificación es, literalmente, pública.

¿Significa esto que el inhabilitado queda apartado de la empresa en todo escenario? No siempre. En caso de convenio, y si la administración concursal lo solicita, la sentencia puede autorizarle excepcionalmente a seguir al frente durante su cumplimiento (art. 455.2.2.º TRLC).

Hay un efecto añadido para los empresarios personas físicas: el concurso culpable cierra, con carácter general, el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho de la ley de segunda oportunidad, salvo la modulación judicial prevista cuando la culpabilidad derive solo del retraso en solicitar el concurso (art. 487.1.3.º TRLC).

¿Qué es la cobertura del déficit y cuándo se condena?

La cobertura del déficit es la condena patrimonial más grave de la pieza de calificación: obliga a los administradores o directores generales afectados a pagar, total o parcialmente, la diferencia entre el activo del concurso y los créditos reconocidos (art. 456 TRLC). Existe déficit cuando la masa activa, según el inventario de la administración concursal, vale menos que la suma de los créditos de la lista de acreedores.

Esta condena solo procede cuando la sección de calificación se ha formado o reabierto por la apertura de la liquidación, y en la medida en que la conducta que determinó la culpabilidad haya generado o agravado la insolvencia. Si hay varios condenados, la sentencia debe individualizar la cantidad de cada uno según su participación en los hechos (art. 456.3 TRLC). No es una responsabilidad automática ni necesariamente solidaria: el juez puede moderar su alcance.

En la práctica, hablamos de cifras que pueden equivaler al agujero patrimonial completo de la sociedad, respondiendo el administrador con todo su patrimonio presente y futuro (art. 1911 del Código Civil). Desde Interforo hemos observado que muchos administradores descubren esta exposición al recibir el informe de calificación, con el margen de maniobra ya muy reducido.

¿Cómo defenderse en la pieza de calificación?

La pieza tiene un calendario preciso. Cualquier acreedor puede remitir a la administración concursal, durante el plazo de comunicación de créditos, los hechos que considere relevantes para sostener la culpabilidad (art. 447 TRLC). La administración concursal presenta después su informe de calificación con estructura de demanda si pide la culpabilidad dentro de los quince días siguientes a la presentación del inventario y la lista provisional de acreedores (art. 448 TRLC). Los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo, o cuyos créditos superen el millón de euros, pueden presentar su propio informe en los diez días siguientes (art. 449 TRLC). Solo entonces se da audiencia al concursado y se emplaza a las posibles personas afectadas (art. 450 TRLC).

La defensa eficaz empieza mucho antes de ese emplazamiento. En nuestra experiencia, los frentes que deciden la mayoría de piezas son la contabilidad, el plazo y la trazabilidad: cuentas formuladas, auditadas cuando proceda y depositadas en los tres últimos ejercicios; concurso solicitado dentro de los dos meses desde que se conoció la insolvencia; y documentación que acredite por qué se tomó cada decisión cuando la tesorería empezó a tensarse. Sobre el primer punto, la normativa reciente de formulación de cuentas tiene matices propios, que tratamos en nuestra guía sobre la moratoria contable.

La mejor defensa, con todo, es no llegar tarde. Nuestro equipo mercantil suele recomendar explorar los planes de reestructuración en cuanto la insolvencia es probable, o valorar un pre-pack concursal que preserve la unidad productiva. Actuar pronto no garantiza una calificación fortuita (cada pieza depende de sus hechos), pero deja constancia de la diligencia que el juez valora frente a cualquier presunción del art. 444.