Perder el control de tu empresa o ver cómo tu patrimonio personal queda expuesto son dos de los miedos más legítimos de cualquier empresario. En Interforo Abogados lo sabemos porque acompañamos a directivos en esa situación cada semana. Y hay una verdad que conviene asumir cuanto antes: el plan de reestructuración no es un estigma de insolvencia. Es una herramienta estratégica de gestión que, bien ejecutada, puede salvar la viabilidad operativa de la empresa y, lo que resulta igual de relevante, blindar la responsabilidad patrimonial del administrador frente a un control judicial y registral cada vez más exigente.

En un ecosistema donde las empresas españolas encaran 2026 con un optimismo resiliente apoyado en la exportación, la anticipación mediante este instrumento es la única salvaguarda real. La práctica nos ha enseñado que quienes actúan antes de que la situación sea irreversible logran condiciones de negociación radicalmente mejores.

¿Qué es un plan de reestructuración?

El plan de reestructuración, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), es un instrumento preventivo de naturaleza flexible que permite modificar la estructura del activo, pasivo o fondos propios de un deudor con el fin de evitar la insolvencia o superarla. Su objetivo central es mantener la actividad empresarial, permitiendo una movilidad de activos y pasivos que, bajo ciertas condiciones, puede imponerse incluso a acreedores y socios disidentes.

Para navegar este andamiaje normativo, conviene dominar cinco conceptos que aparecerán de forma recurrente a lo largo de todo el proceso:

La insolvencia probable se refiere al estado donde se prevé que el deudor no podrá cumplir sus obligaciones en los próximos dos años. Cuando esa previsión se estrecha a tres meses, hablamos de insolvencia inminente, un escenario que exige una reacción mucho más rápida. Los activos esenciales son aquellos bienes necesarios para la continuidad de la actividad; su enajenación exige protocolos específicos conforme al art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital. La formación de clases consiste en la agrupación de acreedores por intereses comunes para la votación del plan. Y la mayoría de pasivo define los umbrales críticos necesarios para la homologación judicial y el arrastre (cramdown) de las minorías disidentes.

Esta base técnica es el pilar sobre el que descansa la movilidad corporativa moderna, y exige una transición del control meramente formal al control material de la legalidad.

Marco normativo integral: el tránsito al RDL 5/2023

La arquitectura de las modificaciones estructurales en España ha cambiado de raíz. La derogación íntegra de la Ley de Modificaciones Estructurales (LME) de 2009 por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto-ley 5/2023 marca el fin de una era. El nuevo Libro Primero del RDL 5/2023, impulsado por la Directiva de Movilidad (UE) 2019/2121, impone una rigidez procedimental que busca detectar abusos de derecho y fraudes de ley.

Las normas clave que rigen el nuevo escenario son:

El cambio de paradigma es profundo: el Registrador Mercantil ya no se limita a verificar formularios. Ahora evalúa la existencia de sospechas de fraude antes de expedir certificaciones, lo que eleva sustancialmente el nivel de diligencia exigible al administrador.

Datos numéricos, plazos y umbrales críticos

En una reestructuración de alto nivel, el tiempo no es relativo: es un riesgo de nulidad. Un solo día hábil de desfase puede activar la responsabilidad personal del administrador. Desde Interforo insistimos a nuestros clientes en la importancia de respetar escrupulosamente cada uno de estos plazos.

Plazos de comunicación y difusión. En operaciones domésticas, el proyecto debe ponerse a disposición de socios y trabajadores con un mes de antelación como mínimo. Para operaciones transfronterizas, este plazo se amplía a seis semanas.

Ejercicio de derechos. Los socios disponen de 20 días para comunicar su derecho a enajenar su cuota tras el acuerdo. El pago de compensaciones en efectivo debe producirse en un máximo de 2 meses desde la inscripción. Socios, acreedores y trabajadores tienen hasta 5 días laborables antes de la junta general para presentar observaciones al proyecto. Este último plazo es infranqueable.

Vigencia de informes. El informe del experto independiente caduca a los 3 meses. Como detalle técnico avanzado, el art. 347 del Reglamento del Registro Mercantil permite una prórroga de otros 3 meses adicionales, una previsión vital para procesos complejos que, en nuestra experiencia, conviene solicitar de forma preventiva.

Umbrales de mayoría. El tope máximo legal para cualquier refuerzo estatutario de mayorías es del 90 % de los derechos de voto, una barrera diseñada para impedir bloqueos abusivos de minorías ínfimas.

Procedimiento operativo: de la preparación a la ejecución

Para garantizar el éxito de la operación, en Interforo Abogados seguimos un protocolo riguroso dividido en cuatro fases.

Fase de preparación

El punto de partida es la suscripción del proyecto común, que debe incluir ofertas de garantía y las consecuencias probables para el empleo. A continuación se elabora el informe del órgano de administración (art. 5 RDL 5/2023), que ahora debe incorporar obligatoriamente el impacto de género y la incidencia en la responsabilidad social corporativa. La omisión de estos extremos es un defecto subsanable, pero ralentiza la operación y genera una imagen de falta de rigor. Finalmente, se aportan los certificados actualizados de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social.

Fase de difusión y publicidad

El proyecto debe publicarse en la web corporativa de la sociedad, con aviso explícito del derecho a presentar observaciones. ¿Y si la sociedad no dispone de web corporativa inscrita? En ese caso, resulta obligatorio el depósito del proyecto en el Registro Mercantil.

Fase de aprobación

En la junta general es imperativo «tomar nota» de las observaciones recibidas. El acuerdo adoptado debe ser un calco fiel del proyecto publicado. En nuestra experiencia acompañando a clientes en esta fase, hemos comprobado que los errores formales más habituales —y más costosos— se producen precisamente aquí: discrepancias entre el proyecto publicado y el acuerdo final que pueden viciar todo el proceso.

Protección de acreedores y socios

El derecho a garantía adecuada (art. 13 RDL 5/2023) sustituye al antiguo derecho de oposición. La operación ya no se paraliza por la oposición de un acreedor, lo que supone un avance significativo para la agilidad del proceso.

Conviene matizar, sin embargo, que la carga de la prueba (art. 14.1 RDL 5/2023) recae sobre el acreedor. Para el administrador esto puede convertirse en una trampa procesal: si no acompaña una declaración específica sobre la situación financiera (art. 15 RDL 5/2023), la carga probatoria del acreedor se vuelve mucho más liviana. Un detalle técnico que marca diferencias en la práctica.

Ejecución

La escritura pública y su inscripción registral constituyen el momento de validez constitutiva de la reestructuración. Solo a partir de este punto la operación despliega todos sus efectos jurídicos.

El deber de lealtad y la responsabilidad del administrador

Las «zonas grises» en las operaciones vinculadas han dejado de existir. La Sentencia del Tribunal Supremo 449/2025, de 20 de marzo (ECLI:ES:TS:2025:1169), marca un endurecimiento sin precedentes del deber de lealtad, y sus implicaciones para cualquier administrador que gestione una reestructuración son directas.

El riesgo de la opacidad. El Tribunal Supremo establece que la omisión de transparencia —no comunicar el conflicto a la junta— es un incumplimiento per se, con independencia de si existe un daño patrimonial inmediato. Para el empresario, esto significa que el mero procedimiento formal de comunicación se ha convertido en una obligación ineludible.

Desviación de actividad. Se sanciona con dureza la desviación de clientela hacia sociedades vinculadas. El Alto Tribunal condenó a los administradores demandados a indemnizar los daños y perjuicios causados, en proporción al tiempo en que ejercieron el cargo.

El lucro cesante. La jurisprudencia cuantifica ahora el perjuicio basándose en la facturación que la sociedad dejó de obtener por la deslealtad del administrador. Esto eleva considerablemente el riesgo económico de cualquier conducta opaca.

Nuestra recomendación: Ante cualquier conflicto de interés, la única protección válida es la comunicación expresa y la autorización previa de la junta general. La «buena fe» ya no se presume si el procedimiento formal de transparencia se ha obviado.

Jurisprudencia relevante y doctrina (2024-2025)

El panorama judicial reciente ha clarificado aspectos fundamentales para la práctica de la reestructuración. Tres resoluciones merecen especial atención por sus implicaciones directas para el empresario.

Exoneración del pasivo (EPI) — Caso Avelino. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba de 27 de noviembre de 2024 (ECLI:ES:JMCO:2024:235) aporta una buena noticia para el deudor de buena fe: un acuerdo de derivación de responsabilidad previo con la AEAT no es causa automática para denegar la exoneración. Priman los principios de proporcionalidad, lo que abre la puerta a segundas oportunidades reales.

Satisfacción de deuda — Caso Penélope. La Audiencia Provincial de Barcelona (07/11/2024, ECLI:ES:APB:2024:12892) determina que el pago de deudas con la AEAT realizado después de la solicitud pero antes de la sentencia permite la exoneración, eliminando el interés legítimo de oposición de la Abogacía del Estado. Para el deudor que está haciendo esfuerzos reales de pago, este criterio supone un respaldo judicial importante.

Activos esenciales — Caso Aloncave. La Resolución de 6 de noviembre de 2024 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) aporta un criterio práctico sobre cuándo el Registrador puede calificar un activo como esencial: solo cuando su carácter resulte «manifiestamente aparente». En el caso analizado, una venta de 198.000 € frente a un capital social de 3.010 € suscitó el debate, si bien la DGSJFP recordó que esta evaluación no es competencia ordinaria del registrador salvo en supuestos notorios.

Excepciones y matices procedimentales

Determinadas excepciones pueden agilizar significativamente el proceso.

El acuerdo unánime (art. 9 RDL 5/2023) permite prescindir de la publicidad previa del proyecto. Ahora bien, la nueva normativa introduce un requisito que no existía bajo la anterior LME de 2009: el proyecto debe incorporarse obligatoriamente a la escritura pública. Un detalle que, si se omite, puede invalidar toda la operación.

En cuanto a las fusiones especiales, la fusión gemelar (entre sociedades con los mismos socios y participaciones idénticas) permite simplificar informes, pero jamás puede vulnerar el derecho de información de los trabajadores ni la acreditación de solvencia tributaria.

La reestructuración preventiva es hoy más que nunca una exigencia de diligencia debida. En un entorno legal donde la responsabilidad del administrador se examina con lupa, contar con el asesoramiento adecuado marca la diferencia entre la continuidad empresarial y el concurso.