Cuando un cliente entra por la puerta de nuestro despacho preguntando cómo renovar la flota de la empresa, solemos decirle lo mismo: no se trata solo de comprar vehículos, sino de hacer planificación fiscal inteligente. La adquisición de vehículos eléctricos ofrece hoy un abanico de incentivos tributarios que, bien aplicados, transforman una necesidad operativa en un ahorro real y cuantificable. La clave está en conocer qué instrumentos están vigentes en cada momento y cuáles exigen un seguimiento normativo activo, porque (como ha quedado demostrado en los primeros meses de 2026) este escenario puede cambiar más rápido de lo esperado.

En Interforo Abogados acompañamos a empresas de distintos sectores en la gestión de sus obligaciones fiscales vinculadas a la movilidad. Lo que describimos en esta guía forma parte de lo que trabajamos a diario desde nuestras áreas de derecho tributario y fiscal: detectar oportunidades de ahorro legítimas, verificar su aplicabilidad real y blindar al cliente ante cualquier comprobación de Hacienda.

Alerta de contexto normativo (abril 2026)

La deducción del 15 % en el IRPF por adquisición de vehículo eléctrico (DA 58.ª Ley 35/2006) para uso particular estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante los primeros meses de 2026, el Gobierno intentó prorrogarla mediante el RDL 16/2025 (rechazado el 27 de enero) y posteriormente mediante el RDL 2/2026 (rechazado el 27 de febrero). A la fecha de publicación de esta guía, la AEAT mantiene en su sede electrónica información sobre la deducción con horizonte 31/12/2026, lo que apunta a que una norma posterior ha recuperado el incentivo, si bien su situación parlamentaria definitiva debe verificarse antes de aplicarla. Recomendamos consultar con nuestro equipo antes de tomar decisiones de compra basadas en este beneficio.

La distinción fundamental que muchos pasan por alto

Antes de entrar en los mecanismos concretos, conviene aclarar un punto que genera confusión frecuente en nuestra práctica. La deducción del 15 % por adquisición de vehículo eléctrico en el IRPF está reservada exclusivamente a uso particular: la normativa exige expresamente que el vehículo no esté afecto a ninguna actividad económica. Esto significa que un autónomo o empresa que registra el vehículo como activo y deduce gastos relacionados en su actividad no puede aplicar esta deducción en cuota.

Para la empresa, el instrumento estrella es diferente: la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades, que permite recuperar fiscalmente el coste del vehículo de forma acelerada. Son lógicas distintas, y, errores en la aplicación de una u otra, pueden derivar en contingencias relevantes ante una inspección. En nuestra experiencia, este es precisamente el punto donde más regularizaciones se producen.

Los mecanismos fiscales relevantes para la empresa

Libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades

Para las personas jurídicas, el incentivo más potente es la libertad de amortización reconocida en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Las inversiones en vehículos nuevos de energías alternativas afectos a la actividad (BEV, PHEV, REEV y pila de combustible) se benefician de este régimen preferencial, que permite imputar todo el coste del vehículo como gasto en el ejercicio de adquisición, con independencia de su vida útil contable. El efecto práctico es un diferimiento significativo del pago de impuestos y una mejora inmediata del flujo de caja.

El incentivo estuvo confirmado para los ejercicios 2024 y 2025. Para adquisiciones realizadas en 2026, la situación es paralela a la descrita para el IRPF: los decretos que lo prorrogaban fueron rechazados en el Congreso, si bien la AEAT sigue publicando información sobre su aplicabilidad. La verificación del estado normativo exacto en el momento de la inversión es imprescindible para evitar contingencias. Conocer los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Sociedades permite calcular el impacto real de esta amortización en la tributación de la entidad.

Un aspecto que aclara la DGT en consultas vinculantes: la libertad de amortización solo aplica a vehículos nuevos, entendidos como aquellos que son puestos en funcionamiento por primera vez por el contribuyente que los adquiere. Un vehículo de segunda mano, aunque sea eléctrico y reciente, queda excluido, y solo puede amortizarse con el régimen general del artículo 12 LIS.

Deducibilidad del IVA soportado

El tratamiento del IVA en la adquisición de vehículos de empresa opera bajo la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido y una regla general de presunción de afectación del 50 %. Esto significa que, como punto de partida, una empresa puede deducir la mitad del IVA soportado en la compra, sin necesidad de justificación adicional.

Cuando se puede acreditar que el vehículo se usa exclusivamente para la actividad (flota comercial rotulada, vehículo industrial, transporte de mercancías, autoescuelas), la deducción alcanza el 100%. Probar esa exclusividad ante la Agencia Tributaria requiere documentación sólida: política interna de uso del vehículo, localización GPS, evidencias de que el vehículo pernocta en las instalaciones de la empresa y no se utiliza fuera del horario laboral. Hemos asistido a empresas en inspecciones donde este punto fue el núcleo del debate, y la diferencia entre el 50% y el 100% puede ser muy significativa en flotas grandes.

Infraestructura de recarga

La instalación de puntos de recarga en propiedades de la empresa también genera incentivos fiscales propios. Para empresas, los costes de instalación son gasto deducible en el IS, y si la instalación tiene carácter de inversión, puede beneficiarse igualmente de regímenes de amortización acelerada. La certificación técnica de la instalación es un requisito imprescindible para justificar la deducción, y el pago debe realizarse a través de cauces bancarios trazables.

Para los autónomos en estimación directa, el tratamiento es diferente: la deducción del 15 % sobre el coste de instalación (base máxima 4.000 €) se aplica en el IRPF cuando la infraestructura no está afecta a actividad económica. Si sí lo está, la vía es la deducción del gasto en la actividad. La frontera no siempre es evidente, y una clasificación incorrecta puede derivar en regularización.

El mapa autonómico: por qué el domicilio fiscal importa

España tiene una estructura fiscal descentralizada que obliga a analizar la normativa autonómica además de la estatal. La Ley 22/2009, de cesión de tributos a las comunidades autónomas, permite a cada región modular ciertos incentivos, lo que genera un mapa heterogéneo que hay que conocer antes de tomar decisiones de inversión. Algunos ejemplos relevantes que gestionamos con frecuencia:

• La Rioja suspende su deducción autonómica mientras esté activa la estatal, para evitar duplicidades.
• País Vasco (Álava y Bizkaia) vincula sus incentivos a los registros informáticos de los puntos de recarga y aplica deflactaciones de tarifas que protegen el ahorro real.
• Andalucía y Baleares ofrecen tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para vehículos de segunda mano: Baleares fija un 0 % para modelos de cero emisiones y Andalucía un 1 %.
• Asturias prorroga expresamente sus incentivos regionales en sus leyes de presupuestos anuales.

Una empresa con delegaciones en varias comunidades puede estar sujeta a normativas diferentes según dónde tenga el domicilio fiscal y dónde se matriculen los vehículos. En Interforo analizamos estas situaciones habitualmente para asegurar que cada cliente extrae el máximo beneficio compatible con la ley.

Resumen comparativo de incentivos fiscales

(*) La situación normativa de estas deducciones a lo largo de 2026 está sujeta a la evolución parlamentaria descrita en la alerta de contexto. Verificar estado vigente antes de aplicar.

Plan Auto+ y compatibilidad con las ayudas directas

El Plan Auto+ sustituyó al Plan MOVES III como programa estatal de ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos. Se anunció con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y prevé ayudas de hasta 4.500 euros para turismos eléctricos puros, priorizando modelos con etiqueta CERO y fabricación en la Unión Europea, aunque los detalles definitivos de su convocatoria siguen pendientes de publicación en el BOE.

Un punto que genera dudas recurrentes: las subvenciones directas recibidas (del MOVES o del Plan Auto+) deben restarse de la base de la deducción fiscal. No es posible aplicar el 15% sobre el precio íntegro del vehículo si se ha recibido una ayuda. La base de cálculo es el precio efectivamente pagado por el contribuyente una vez descontada la subvención. Además, las ayudas directas tributan como ganancia patrimonial en el IRPF del ejercicio en que se perciben, lo que añade una capa de planificación que con frecuencia se pasa por alto.

En materia de inspecciones de Hacienda, los errores más habituales que detectamos en este ámbito son: aplicar la deducción del 15% en IRPF sobre vehículos afectos a actividad económica, deducir el 100% del IVA sin acreditar el uso exclusivo, y olvidar integrar las subvenciones en la base imponible correspondiente.

Un caso especial: cesión de vehículo eléctrico a empleados

Cuando una empresa cede un vehículo a un empleado para uso mixto (laboral y personal), se genera una retribución en especie que tributa en el IRPF del trabajador. El importe se calcula como el 20% del valor de mercado del vehículo si es propiedad de la empresa. Sin embargo, la normativa establece una reducción del 30% en ese porcentaje cuando el vehículo cedido es un BEV o PHEV con al menos 15 km de autonomía eléctrica y precio inferior a 40.000 euros.

Este beneficio es independiente de la deducción del artículo 68.2 LIRPF: afecta al trabajador, no al empresario. En la práctica, significa que el coste fiscal de retribuir con un vehículo eléctrico es inferior al de hacerlo con un vehículo de combustión equivalente. Para las empresas que tienen planes de retribución flexible, este es un elemento que vale la pena estructurar correctamente desde el principio.